Aprueban el Presupuesto para el 2026
En la XII sesión ordinaria del período legislativo Nº 53 los diputados provinciales, dando cumplimiento a lo establecido en la Constitución de la Provincia, aprobaron las erogaciones para el próximo año; oportunamente presentadas y defendidas por cada uno de los organismos de Estado en la Comisión correspondiente.
Este jueves la presidente del Superior Tribunal de Justicia, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, junto a sus pares Cristian Marcelo Benítez, en su carácter de presidente del Tribunal Electoral de Misiones (TEPM), Juan Manuel Díaz y el Procurador General de la Provincia, Carlos Jorge Giménez, participaron de la sesión ordinaria en la cual se aprobó el dictamen de la Comisión de Presupuesto, Impuestos, Hacienda y Asuntos Económicos, fijando el total de erogaciones del Presupuesto General de la Administración Pública Provincial, Administración Central y Organismos Descentralizados para el Ejercicio Financiero 2026.
Se trató de la XII sesión ordinaria del período legislativo Nº 53, en la que los diputados provinciales, dando cumplimiento a lo establecido en la Constitución de la Provincia, aprobaron las erogaciones para el próximo año; oportunamente presentadas y defendidas por cada uno de los organismos de Estado en la Comisión correspondiente.
En la comisión se destacó, además, el ahorro generado en términos económicos por parte del Poder Judicial a partir de la despapelización, como así también en términos de infraestructura al trasladar dependencias y unificarlas en un mismo espacio.
La presentación estuvo a cargo de la diputada Suzel Vaider, presidente de la Comisión de Presupuesto, Impuestos, Hacienda y Asuntos Económicos.
Para el 2026 el Poder Judicial pondrá un fuerte acento en el desarrollo tecnológico, no solo como motor de modernización y eficiencia, sino también como herramienta estratégica para acercar el Estado a la ciudadanía.
Otro de los distintivos de este año es la independencia autárquica y presupuestaria del Ministerio Público Fiscal. Esta autonomía supone un desdoblamiento de la partida presupuestaria para el Poder Judicial y para la Procuración General de la Provincia, lo que permite ejercer funciones de la defensa de la legalidad y los intereses sociales sin depender de instrucciones de otros poderes del Estado.