San Antonio Oeste tendrá mayor cobertura judicial ante el crecimiento regional
El STJ convocó al intendente municipal a fin de iniciar una planificación integral y aprobó la creación de un programa que permitirá transformar el Juzgado en una Unidad Procesal con Oficina de Tramitación Integral. La jueza Liliana Piccinini coordinará ese proceso.
Resumen
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) resolvió impulsar una transformación en el servicio judicial de San Antonio Oeste, como respuesta al aumento sostenido de causas y al crecimiento poblacional derivado del desarrollo regional vinculado al proyecto de Gas Natural Licuado (GNL) en Punta Colorada.
Durante el acuerdo institucional del 17 de diciembre, la jueza del STJ Liliana Piccinini presentó un informe estadístico que expuso el incremento en la carga de trabajo del Juzgado Multifueros N° 9, que concentra materias civiles, comerciales, de familia y minería. Ante ese panorama, el STJ aprobó una serie de medidas para reorganizar su funcionamiento y fortalecer la capacidad de respuesta del Poder Judicial en esa localidad.
El STJ convocó al intendente municipal a fin de iniciar una planificación integral y aprobó la creación de un programa que permitirá transformar el Juzgado en una Unidad Procesal con Oficina de Tramitación Integral. La jueza Liliana Piccinini coordinará ese proceso.
Además, se avanzará en la elaboración de una propuesta legislativa destinada a dividir el actual juzgado en dos organismos: uno con competencia Civil y otro con competencia en Familia. Esta medida busca adecuar la estructura jurisdiccional a las nuevas necesidades de la comunidad.
San Antonio Oeste se convirtió en un punto estratégico dentro del corredor costero del Golfo San Matías, debido a su cercanía con Punta Colorada, donde se instalará una planta de GNL. Este proyecto generó un aumento en la actividad económica, inversiones en infraestructura y un crecimiento demográfico que impactó directamente sobre la demanda de servicios públicos, entre ellos el judicial.
El STJ consideró que estas reformas forman parte de un proceso más amplio de modernización institucional, orientado a mejorar la organización del trabajo, acortar los plazos procesales y garantizar un acceso efectivo al Poder Judicial en todas las regiones de la provincia.