El Poder Judicial de Entre Ríos presentó el modelo de mediación penal juvenil en un congreso internacional en Buenos Aires
La Oficina de Mediación Penal de la Oficina de Control de Medidas Alternativas (OMA) del Poder Judicial de Entre Ríos expuso su protocolo de actuación en el “II Congreso Argentino de Justicia y Prácticas Restaurativas – I Foro Iberoamericano de Justicia Juvenil Restaurativa”, donde destacó y compartió el alcance de la experiencia provincial en la resolución pacífica de conflictos penales juveniles.
Resumen
En el Congreso, de carácter internacional que reunió a especialistas, operadores judiciales y referentes en la materia, se llevó a cabo desde el 16 al 18 de marzo, en las aulas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí la Oficina de Mediación Penal expuso el “Protocolo de Actuación para la Aplicación de la Mediación Penal Juvenil Restaurativa”, ponencia a cargo de María A. Cichero.
Cabe destacar que, en virtud de la Ley Provincial Nº 10.450 de Procedimiento Penal aplicable a las personas menores de 18 años de edad, desde el año 2016 Entre Ríos se ha consolidado como una de las primeras provincias del país en establecer la mediación como herramienta de justicia restaurativa para la resolución de conflictos penales en los que intervienen personas menores de edad.
En consonancia con este enfoque, el Poder Judicial de la provincia cuenta con un cuerpo estable de mediadores y mediadoras penales distribuidos en todo el territorio provincial, con formación específica y capacidades técnicas para intervenir en la gestión pacífica de conflictos penales juveniles.
En representación de la Oficina participaron su director ejecutivo de la OMA, Fabricio J. Amateis, junto a las mediadoras penales María A. Cichero, Andrea Bonifacino, Analía Ahibe, Alejandra Brest, Hilda E. Burgos, Silvana Bastos y Eliana Rodríguez.
La participación en este tipo de espacios académicos internacionales permite fortalecer el intercambio de experiencias, consolidar buenas prácticas y reafirmar el compromiso institucional con una justicia restaurativa orientada a la inclusión, el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos.