El próximo lunes comienza a implementarse en Córdoba el nuevo Sistema Integral de Flagrancia

El lunes 2 de marzo comenzará a implementarse, en la ciudad de Córdoba, el Sistema Integral de Flagrancia (SIF), un nuevo modelo de gestión de los procedimientos policiales iniciados contra personas aprehendidas cuando están cometiendo delitos o inmediatamente después.

La iniciativa busca contribuir a la paz social y a la seguridad pública como así también garantizar los derechos de las víctimas y de las personas imputadas, mediante una respuesta rápida, proporcional y eficaz a los conflictos penales. El nuevo modelo será presentado el jueves 26 de febrero, a las 13 horas, en el anfiteatro del Centro de Perfeccionamiento Ricardo Núñez, durante el juramento de magistrados y funcionarios que participarán en el sistema.

El nuevo modelo de gestión implica la creación de la Unidad Fiscal de Flagrancia (UFF), integrada por nueve fiscales; la conformación de equipos de la Defensa Pública; y la ampliación y reorganización de la competencia de los juzgados de control.

Desde el lunes próximo, las personas que sean aprehendidas por la Policía cometiendo delitos serán trasladas a la UFF Sede Norte (Ex comisaría 13), o bien, a la UFF Sede Sur (Tribunales 2), según el lugar de la ciudad donde ocurra el ilícito. Esta división de la ciudad en dos sectores permitirá que los móviles policiales recorran menos distancia para entregar el procedimiento. Asimismo, la entrega de los procedimientos será ágil y estandarizada para posibilitar que el personal policial se reintegre de manera rápida a la tarea de prevención en la comunidad.

La UFF intervendrá en todos los procedimientos policiales con personas aprehendidas en flagrancia, mayores o menores de edad, siempre que no correspondan al ámbito material de actuación de una Fiscalía Especializada, una Unidad Judicial Especial o cualquier otra Unidad Fiscal.

Todos los casos en que intervengan niñas, niños y adolescentes (NNA) serán recibidos en la UFF Sede Norte, ya que este lugar que cuenta con condiciones adecuadas para el resguardo de las personas menores de edad, hasta que inmediatamente se disponga su destino por las autoridades correspondientes. Cabe aclarar que las UFF no son centros de detención y alojamiento de personas detenidas, sino espacios previstos para la recepción descentralizada de los casos.

De hecho, una vez cumplida la fase de identificación y el control médico, las personas aprehendidas serán notificadas de las decisiones iniciales adoptadas por los fiscales sobre su situación y podrán tomar contacto con la defensa privada o pública. Inmediatamente, serán trasladadas a donde se disponga en un período corto de tiempo.

La Defensa Pública contará con equipos de profesionales con horarios extendidos en ambas sedes para intervenir cuando sea requerido de manera temprana. La persona imputada siempre podrá modificar su defensa en cualquier momento del proceso. Esto fortalecerá el acceso temprano y efectivo al derecho de defensa.

Uno de los aspectos esenciales en este procedimiento para los casos sencillos de flagrancia es la búsqueda de respuestas graduales y acordes al tipo de conflicto penal. Desde una etapa temprana, las UFF analizaran las posibles respuestas penales que son viables para el caso y le propondrán a la defensa privada o pública.

Las resoluciones podrán implicar la desestimación del caso; la suspensión del proceso a prueba, con el cumplimiento de condiciones por las personas imputadas y reparación a las víctimas; la realización de un juicio abreviado inicial; y en aquellos casos en que no haya acuerdos, la causa será elevada a juicio a una cámara del crimen.

En tal sentido, se profundizarán las dinámicas de oralidad y celeridad en el tratamiento de los casos, sin desatender la calidad decisional, bajo un esquema de publicidad y mayor contradicción, con estricto respeto de los principios de inmediación, bilateralidad y concentración de actos, a fin de posibilitar una resolución integral y temprana de los casos de flagrancia.

El esquema propuesto habilita una intervención amplia frente a los conflictos penales, que no se agota en la respuesta sancionatoria; sino que incorpora mecanismos restaurativos y otras estrategias destinadas a robustecer la convivencia social y la respuesta del Estado. Este enfoque diversificado puede incidir de manera indirecta en la mejora de las condiciones de prevención.

Para la concreción de la puesta en marcha del SIF:

- Se realizaron 12 talleres con jueces, fiscales, defensores y funcionarios para redactar el Manual de Procesos de Trabajo, que establece las mejores prácticas para una investigación penal rápida y de calidad. Este manual se complementa con unos 20 instructivos que unifican criterios de gestión e investigación penal.

- Se elaboraron modelos estandarizados de oficios, decretos y sentencias, destinados a optimizar la calidad y uniformidad de las resoluciones escritas.

- Se potenció la lógica de la justicia restaurativa y las técnicas de negociación a través de capacitaciones a cargo del asesor externo Raúl Calvo Soler.

- Se adaptó el sistema informático y se diseñó un sistema de indicadores que permitirá el monitoreo permanente del desempeño y la generación de información estratégica para la toma de decisiones.

El desarrollo del plan se apoyó en la intervención activa de equipos técnicos y espacios de articulación interinstitucional. En sus distintas etapas, el proceso fue conducido por los asesores externos Germán Garavano, Héctor Chayer y Esteban Conte-Grand. Contó con la coordinación de la Secretaría Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y de la Dirección General de Planificación y Control de Gestión del Ministerio Público Fiscal. Asimismo, tras su constitución como ministerio público, la Defensa Pública se incorporó en el diseño de implementación de las acciones previstas.

Reorganización territorial

En el marco del proceso de fortalecimiento institucional y reorganización funcional del sistema penal, el Ministerio Público Fiscal dispuso la delimitación territorial de los 27 distritos de la Sede Capital y la puesta en funcionamiento del nuevo esquema organizacional para la gestión de los casos iniciados en flagrancia.

La nueva distribución territorial establece una base organizativa común para el Plan de Gestión Territorial en Seguridad y Justicia y para el Sistema Integral de Flagrancia. De esta manera, se asegura la coherencia funcional, la claridad en los ámbitos de actuación y la articulación operativa entre los distintos dispositivos.

En forma complementaria, se dispuso la creación e implementación progresiva de nuevas Unidades Territoriales Integradas, correspondientes a distintos distritos de la Sede Capital. En esta etapa, se pondrán en funcionamiento las dependencias ubicadas en la zona Norte, en barrio Los Boulevares, y en la zona Sur, en barrio Santa Isabel. Así se consolida un modelo de intervención asentado en la proximidad territorial, la asignación racional de recursos y la coordinación estratégica de la información.

La instalación de las nuevas sedes en puntos estratégicos de la ciudad implica una mayor presencia institucional en el territorio y se traduce en más y mejor servicio de justicia para la ciudadanía, al facilitar el acceso, acortar distancias y fortalecer la capacidad de respuesta frente a los conflictos penales.

Las medidas adoptadas profundizan un esquema integral de reorganización del sistema penal que articula la gestión

territorial de la conflictividad con el tratamiento especializado de la flagrancia, bajo un diseño orientado a fortalecer la eficacia, la previsibilidad y la calidad de la respuesta institucional.

Fuente: https://www.justiciacordoba.gob.ar/JusticiaCordoba/Inicio/indexDetalle.aspx?codNovedad=44139