El Ministerio Público Fiscal fortalece la investigación de delitos rurales
El Procurador General, Sebastián Cadelago Filippi, mantuvo este miércoles una reunión de trabajo con representantes de distintas entidades rurales de la provincia, con el objetivo de abordar la problemática que atraviesa al sector y analizar herramientas que permitan mejorar la actuación institucional frente a hechos delictivos que afectan a productores y establecimientos rurales.
Resumen
El Ministerio Público Fiscal avanza en la conformación de un espacio permanente de articulación destinado a fortalecer la prevención, investigación y respuesta ante los delitos rurales en la provincia de San Luis.
En ese marco, el Procurador General, Sebastián Cadelago Filippi mantuvo este miércoles una reunión de trabajo con representantes de distintas entidades rurales de la provincia, con el objetivo de abordar la problemática que atraviesa al sector y analizar herramientas que permitan mejorar la actuación institucional frente a hechos delictivos que afectan a productores y establecimientos rurales.
Del encuentro participaron Nicolás Novaresio, presidente de la Sociedad Rural de La Toma; Hugo Díaz Flores, presidente de la Sociedad Rural de Quines; y Daniel Casella, presidente de la Sociedad Rural Río Quinto de Villa Mercedes.
Durante la reunión se planteó la necesidad de generar un ámbito permanente de coordinación entre los distintos actores vinculados a la actividad rural y los organismos responsables de la prevención e investigación del delito. En este sentido, se propuso la creación de una Mesa Fiscal de Delitos Rurales, como espacio de trabajo conjunto entre el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio de Seguridad, las entidades rurales, consignatarios, cooperativas y otros actores vinculados a la actividad productiva.
La iniciativa contempla también la elaboración de un Protocolo de Investigación para Delitos Rurales, destinado a establecer pautas de actuación que permitan brindar una respuesta rápida y coordinada ante hechos que afecten a productores y establecimientos rurales.
Entre las propuestas analizadas se encuentra, además, la concentración de la investigación de este tipo de delitos bajo la órbita de un mismo fiscal dentro de cada circunscripción judicial. Esta medida busca favorecer una mirada integral sobre los hechos, facilitar el seguimiento de las investigaciones y evitar la dispersión de información que pueda resultar relevante para el esclarecimiento de los casos.
Desde la Procuración General se destacó la importancia de sostener un diálogo permanente con las entidades representativas del sector rural y de fortalecer los canales de comunicación con los distintos actores vinculados a la producción. El objetivo es avanzar en mecanismos de articulación que permitan construir una respuesta institucional coordinada y eficiente frente a los delitos que afectan a las zonas rurales de la provincia.